El carácter profundo de la crisis capitalista mundial, a estas alturas de la situación, es obvio e incontestable incluso para los que la negaban hace apenas unas semanas. Ciñéndonos a la situación en el Estado español los datos son también concluyentes. Cuando se escribe este editorial se acaba de conocer el dato oficial de que el paro ya alcanza a tres millones de personas, después del incremento del 6% (171.243 nuevos desempleados) en noviembre. En el Estado español se está produciendo el incremento de desempleo más acelerado de toda la Unión Europea. Según previsiones del gabinete de estudios de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), recientemente publicadas, la tasa de desempleo, ahora situada en un 11,3% llegará al 15,9% en 2009 y al 18% en 2010.
La recesión es un hecho
La recesión económica ya es un hecho. A mediados de noviembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que en el tercer trimestre del año el PIB cayó un 0,2%, poniendo fin a quince años ininterrumpidos de expansión económica. Funcas pronostica que las caídas trimestrales del PIB "se van a mantener al menos hasta finales de 2009", con lo que la recesión se prolongaría, según esta estimación, cinco trimestres. La previsión para el conjunto del año 2009 es de una contracción del 1,5% del PIB.
Aunque el desplome de la construcción -que continúa sin tocar suelo y que todavía no ha desplegado todas sus consecuencias negativas en el resto de sectores, incluyendo el bancario- ha sido el segmento de la economía que más ha pesado en el cambio brusco de ciclo, la crisis ya se ha extendido y arraigado en toda la economía. El informe de coyuntura económica de Caixa de Catalunya de noviembre destaca precisamente la caída del Índice de Producción Industrial (IPI): en septiembre, la reducción interanual de la producción en el sector fue del 8,8%, dato que, con el de junio (-9,2%), representa la mayor variación del IPI desde la recesión de 1993.
Este panorama es el que está detrás de los 3.059 EREs autorizados de enero a septiembre (con más de 45.000 trabajadores afectados en todos los sectores). Aunque en porcentaje sólo son un 8% más que en el mismo periodo del año 2007, si nos referimos exclusivamente a los EREs del sector industrial la variación asciende al 73%.
Se incrementa el trasvase de dinero público al sector privado
La sucesión de datos cada vez más graves y que implican hondas repercusiones sociales, son la prueba más clara del fracaso de las medidas del gobierno para paliar la crisis. A pesar de las ingentes cantidades inyectadas en la banca, el "dinero no fluye" a los "emprendedores" y a las familias. En una huída hacia delante, el gobierno está comprometiendo más y más cantidades de dinero público, ampliando las "ayudas" a capitalistas de todos los sectores, protagonistas de una inexistente "iniciativa privada" que se supone que debería ser el motor de la economía de mercado.
Aquí publicamos una relación aproximada de las ayudas destinadas en los últimos meses a nuestros arriesgados emprendedores:
· Fondo para compra de activos a la banca: 50.000 millones de euros.
· Avales público para respaldar emisión de deuda de la banca: 100.000 millones de euros.
· Eliminación impuesto de patrimonio: 1.800 millones de euros.
· Rebaja impuesto de sociedades: 5.300 millones de euros.
· Aumento financiación ICO al fomento empresarial: 10.900 millones de euros.
· Ampliación financiación ICO a construcción VPO: 5.000 millones de euros.
· Fondo para financiar empresas con problemas de tesorería: 10.000 millones de euros.
Estas medidas, como las nuevas bonificaciones a empresarios, de 1.500 euros por cada contrato que realicen a parados con cargas familiares, o las ayudas para los empresarios del sector del automóvil que el gobierno anunció para enero, no están sirviendo para frenar la crisis, ni el desempleo, ni el deterioro de la sanidad y la educación pública, ni la disminución constante del poder adquisitivo de los trabajadores. Sí está sirviendo para dos cosas: para transferir una cantidad enorme de dinero público a una minoría privilegiada y para hipotecar a las futuras generaciones de la clase obrera.
Durante décadas se ha justificado con argumentos "objetivos" y "rigurosos" la necesidad de contener el gasto público para mantener las cuentas del Estado equilibradas. ¿Cuántas toneladas de tinta se han gastado para alertar sobre el excesivo gasto en desempleo, en pensiones, en universidad, etc.? Y estos mismos señores, incluyendo de manera destacada al ministro Solbes, sin ninguna transición, sin pestañear, sin ruborizarse, están dilapidando el dinero público a manos llenas para salvar el negocio de unos cuantos. Ahora parece que ya no importa el déficit público y la deuda pública, que están creciendo exponencialmente. Antes esto era "malo", ahora es "bueno". ¿Cuál es la diferencia? Era "malo" porque se trataba de aplicar la tijera a los gastos sociales, ahora es "bueno" porque se trata de salvar a los grandes empresarios y banqueros del atolladero causado por su propio sistema.
A más medidas, más problemas
Todas las medidas de salvamento del gran capital están produciendo un deterioro acelerado de las cuentas públicas. La deuda pública, que ahora está situada en el 37% del PIB, subirá según estimaciones del propio gobierno hasta el 42% el próximo año. Funcas calcula que llegará al 53% en 2010. Algunas previsiones cuantifican el incremento de la deuda pública en 500.000 millones de euros en pocos años. En cuanto al déficit público, la caída de la actividad económica ya ha tenido un efecto fulminante en la caída de los ingresos del Estado: de enero a octubre se redujeron un 17,4%. Esta situación arreciará de un modo virulento la lucha por la tarta presupuestaria. Al final, todo el dinero que se está desviando hacia la oligarquía financiera y empresarial, si no lo impedimos con la lucha, será a costa de las prestaciones por desempleo, jubilaciones, sanidad y educación.
Desafiando la evidencia de los datos, el gobierno de Zapatero aún trata de defender su política económica como "social", presentando como medida "estrella" de turno la moratoria de la mitad de la cuota mensual de las hipotecas durante dos años para familias con dificultades. Sin embargo, aparte de dejar fuera de estas medidas a las familias de menores ingresos, que en los últimos años han suscrito hipotecas por el valor del 100% del piso, muy superior a los 170.000 euros, la moratoria no implica en absoluto una disminución de la deuda pendiente. Como mucho supondrá un alivio temporal para las familias que se acojan al plan, que volverán a una situación aún más insostenible dos años después, teniendo que hacer frente a todas las deudas acumuladas. Quien sí se podrá olvidar del problema de la deuda hipotecaria para siempre no serán las familias sino, una vez más, los banqueros, ya que en caso de impago será el Estado quien cargará con las consecuencias.
Las medidas del gobierno de Zapatero, como en general las medidas que se están tomando por parte de todos los gobiernos del mundo, no resolverán ningún problema, al contrario, crearán otros todavía más graves. El mismo Banco de España apuntaba, recientemente, que no había peor escenario que la combinación de una situación de crisis con un gran déficit público, pero es precisamente esta la perspectiva.
Nuevo escenario político
Un escenario de crisis profunda y prolongada se está consolidando. Como correctamente apunta el semanario inglés The Economist, en un artículo titulado ‘La mañana siguiente', esta situación "someterá al sistema político español, así como a su economía, a la prueba más seria desde los primeros años de su transición hacia la democracia". En otras palabras, las turbulencias en el plano económico y social se trasladarán al plano político, abriendo un nuevo periodo histórico.
El malestar social se acumula y puede encontrar un cauce de expresión en el momento y en el sitio menos pensado, pese a todos los esfuerzos -y precisamente por ellos- de contención que están haciendo los dirigentes sindicales, aferrados a su funesta política del "mal menor". La experiencia real demuestra que mientras persista el capitalismo el "mal" será siempre "mayor". La idea de una huelga general, para unificar todas las luchas y obligar al gobierno de Zapatero a un cambio radical de política, tal como defendemos desde la Corriente Marxista El Militante, conecta con el sentimiento de cada vez más trabajadores.
En los próximos años, la creciente tensión entre las clases encontrará su expresión en la crisis de las instituciones burguesas, en la división de la clase dominante, en la crisis de los partidos obreros y de los sindicatos y sobre todo, y vinculado a estos procesos, en el surgimiento de una generación de trabajadores y jóvenes que no estarán dispuestos a presenciar pasivamente cómo su futuro se esfuma por culpa y en beneficio de una ínfima minoría de la sociedad. Serán la vanguardia en un nuevo periodo revolucionario que se abrirá en el Estado español y en el mundo entero. Este es el escenario para el que debemos prepararnos desde ya. El futuro debe ser nuestro. ¡Únete a la corriente marxista El Militante!
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